Washington, 29 Jul-10 (Agencias).- En una primera victoria para el presidente estadounidense Barack Obama, la juez federal Susan R. Bolton decidió ayer bloquear parcialmente algunas de las disposiciones más polémicas de la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona para evitar que las instituciones del gobierno federal pierdan su rol histórico en la regulación de la política migratoria y para impedir que los cuerpos policiales locales inicien una cacería de sospechosos de residir ilegalmente en ese estado.

En una resolución de 36 páginas, la juez Bolton decidió poner en suspenso la parte de la ley que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que convertía en delito que los trabajadores indocumentados soliciten o en su caso tengan empleos.

El fallo de la juez es en respuesta directa a la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra la ley Arizona; aún quedan seis demandas pendientes en contra de la legislación.

En sus conclusiones, Bolton declaró que las citadas partes de la legislación deben quedar en suspenso hasta que los tribunales federales resuelvan sobre los problemas que conllevan. Unos problemas que, al menos para Bolton, no pueden obviar lo que ya ha establecido la Suprema Corte en casos precedentes y lo que dice la letra de la Constitución.

Nada más conocer el fallo de la juez Bolton, la administración Obama se congratuló por un pronunciamiento que “reafirma de forma correcta el rol y las responsabilidades del gobierno federal en la aplicación de las leyes migratorias”.

“Un pequeño escollo”

Desde la acera de enfrente, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, compareció ante los medios con el gesto descompuesto para reconocer que el fallo de la juez Bolton, “es un pequeño escollo en el camino”. “Vamos a apelar y a defender la voluntad de la mayoría de la gente de Arizona. Porque en este estado vivimos una invasión de inmigrantes ilegales. Y lo único que queremos hacer (con la SB1070) es ayudar a las autoridades federales a combatir esta invasión”, aseguró Brewer para confirmar así el inicio de una larga y tortuosa batalla judicial que podría llegar hasta la Suprema Corte.

Al menos por el momento, los cuerpos policiales del estado no podrán actuar como una extensión de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener y deportar a inmigrantes indocumentados. “Hemos tenido que actuar porque el gobierno federal no ha cumplido con su misión de asegurar las fronteras”, añadió Brewer, con la esperanza de contener la avalancha de actos de protesta que han organizado centenares de organizaciones que han tomado por asalto al estado de Arizona y que ayer mismo festejaban el pronunciamiento de la juez Bolton.

Aun antes de que se conociera el fallo, las jornadas de protesta que se habían organizado contra la SB1070 mantenían sus programas. La convicción de que la batalla está muy lejos de haber concluido animaba a decenas de organizadores a proseguir con sus planes.