Gobierno quiere enviar militares a la Guardia sin que pidan licencia; oposición lo rechaza

Reportero: 
Redacción

**CNDH y expertos demandan que los militares en la Guardia Nacional sean sometidos a mismos controles y evaluaciones que la policía, incluyendo el control de confianza.

Ciudad de México, 16 May-19 (Agencia).- La transferencia de elementos del Ejército y la Marina a la Guardia Nacional se convirtió nuevamente en el punto más complicado de las negociaciones que el Senado y el Poder Ejecutivo han intensificado en las últimas horas, para la expedición de la ley orgánica de esta nueva fuerza.

Esto luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador planteara que los más de 50 mil elementos de las fuerzas armadas que pretende transferir a la Guardia Nacional, no tengan que pedir licencia a su cargo ni en el Ejército ni en la Marina, sino solo queden comisionados a la nueva fuerza.

Con dicha situación están en desacuerdo legisladores de oposición, que advirtieron que la licencia de los militares que pasan a la Guardia era un compromiso adquirido desde que se aprobó la reforma constitucional en la materia; lo consideran un requisito indispensable para blindar el perfil y mando civil de la Guardia.

La falta de consenso en este tema provocó que al menos hasta la noche del miércoles no se hubiera hecho público algún dictamen, ni el de la ley de la Guardia ni el de las otras dos leyes secundarias: la de uso de la fuerza y la de registro de detenciones, que prevén aprobar este jueves.

Legisladores que participan en una mesa de trabajo, instalada desde la semana pasada con representantes del gobierno, confirmaron a Animal Político que la licencia de los militares ha sido el punto más complicado de solventar en las reuniones, que se llevan a cabo a puerta cerrada.

El senador del PAN, Julen Rementería, dijo que el pasado martes las reuniones de trabajo se extendieron hasta poco después de la media noche.

“Se ha ido avanzando. Ya hay acuerdo en la mayoría de las secundarias. Falta la de la Guardia por varios puntos, pero sobretodo por esto de la licencia (de los militares). Nosotros (oposición) queremos que se garantice lo de la licencia y el perfil civil de la Guardia”, dijo.

El senador de Morena Eduardo Ramírez, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales y que también participa en la mesa de trabajo, dijo que la principal preocupación de las fuerzas armadas es que sus elementos transferidos a la Guardia mantengan su régimen de seguridad social intacto, situación que podría complicarse si se ven en la necesidad de pedir licencia.

Miguel Ángel Mancera, senador del PRD y exjefe de Gobierno de la ciudad, dijo que lo que están tratando de acordar, dada la resistencia del gobierno y Morena de contemplar la licencia, es que la ley de la Guardia deje en claro – literalmente – que la transferencia de elementos de las fuerzas armadas esté supeditada a un reconocimiento de que renuncian al servicio activo en sus instituciones de origen.

“Se tiene que dar garantía de que los elementos que sean incorporados estén separados. Hay que recordar que la transferencia de militares a la Guardia depende de un acuerdo del Presidente, y ese acuerdo debe de dar la garantía plena de que no están en servicio activo. Esto debería quedar en el régimen transitorio de la ley”, dijo Mancera.

El senador del PRD consideró que esto es posible sin que los militares pidan licencia, siempre y cuando se encuentre la fórmula en que quede “clarísimo” que los elementos transferidos quedan separados del cargo. “Esto no puede ser ambiguo, debe quedar claro en la asignación”, reiteró.

Por su parte el senador Damián Zepeda insistió en que uno de los pilares del régimen civil de la Guardia es que los militares que le transfieran no estén en servicio activo. Consideró que esto no es posible sin que pidan licencia, pero dijo que se continúa negociando.

Cabe señalar que la Secretaria de Marina informó a Animal Político – al responder a una solicitud de transparencia – que la figura que se contempla para los militares que se transfieran a la Guardia no es la de la licencia sino la de una “comisión” temporal, que culminaría dentro de cinco años.

En este contexto el senador Eduardo Ramírez señaló que aun cuando hasta la tarde del miércoles los dictámenes de leyes secundarias no se conocían, es probable que este jueves se publiquen en la gaceta legislativa, y se aprueben en comisiones y el pleno. Y si no es el caso dijo que podría ser el viernes, o la próxima semana.

Mismo control de confianza y evaluaciones, piden CNDH y expertos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como diversas organizaciones y expertos insistieron el miércoles en que las leyes secundarias de la Guardia Nacional deben garantizar los mismos controles y evaluaciones para sus integrantes (incluidos militares transferidos), que se aplican de forma indistinta a cualquier fuerza de seguridad del país.

Lo anterior durante las sesiones del denominado Parlamento Abierto Ciudadano, al que convocaron organizaciones civiles en el Senado.

Rubén Pérez Sánchez, represente de la CNDH, dijo que tan solo en los últimos cuatro años la Sedena, Marina y Policía Federal han acumulado 72 recomendaciones por violaciones a derechos humanos, 13 de ellas consideradas como violaciones graves. Es una situación, explicó, que hace indispensable el garantizar que la Guardia Nacional (integrada de forma inicial por elementos de esas corporaciones) tenga controles estrictos.

Antes el secretario Alfonso Durazo había señalado en esta entrevista que el control de confianza que se aplica a los policías no sería necesario para los militares transferidos, pues ellos ya eran “confiables”.

“Estamos al pendiente de que estén listas las iniciativas para ver de forma específica el detalle, pero es claro que debemos apegarnos a los estándares nacionales e internacionales. Y hay disposiciones constitucionales como el control de confianza para personal de seguridad que no se pueden obviar, y la Guardia es personal de seguridad”, dijo.

Por su parte el abogado Santiago Corcuera, exintegrante del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, coincidió en que la ley de la Guardia Nacional debe establecer un claro sistema de evaluaciones y controles, tanto para los militares transferidos como para sus nuevos integrantes, que sea acorde con los estándares que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y las convenciones internacionales que México está obligado a respetar.

“No basta solo con que se les cambie el uniforme. El uniforme no hace al policía”, advirtió.

Además sostuvo que en la ley orgánica debe quedar claramente establecido que la participación de integrantes provenientes de las fuerzas armadas debe ser solo transitoria, temporal, y con una ruta de salida bien definida.

“Los nuevos integrantes de la Guardia deben ser totalmente civiles. Y si vienen de fuerzas armadas debe establecerse un tiempo antes de que se les prepare. La formación militar no permite en automático trabajar en seguridad pública. Casos como el de Tlatlaya lo han demostrado”, dijo.

Critican falta de transparencia

Organizaciones civiles reiteraron su critica a la falta de disposición del Senado para realizar un a discusión pública con la ciudadanía, sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional. La figura conocida como Parlamento Abierto.

Por ejemplo, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, calificó como un error el que se haya preferido discutir a puerta cerrada los dictámenes de unas leyes que son de importancia histórica.

“No es menor lo que esta sucediendo y nos debería de escandalizar profundamente, porque es una señal de retroceso democrático. Se estableció un compromiso con la sociedad civil que no se está cumpliendo. La paz debe ser producto del diálogo y no de imposiciones parlamentarias”, dijo.

Por su parte el colectivo #SeguridadSinGuerra también lamentó en un comunicado la falta de apertura para el diálogo, y el que se pretendan aprobar de manera exprés leyes secundarias para las cuales aún había tiempo de discutir, pues el límite para expedir la Ley de la Guardia vencía el 25 de mayo, y del resto hasta dentro de mes y medio.

Senadores consultados sobre estas críticas señalaron que sí se están tomando en cuenta todas las aportaciones de las organizaciones ciudadanas, y de instituciones especializadas como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la CNDH, pero consideraron que debido al poco tiempo que se tiene es que se optó por este mecanismo de mesa de trabajo privado, entre el legislativo y el ejecutivo.

Los senadores Damián Zepeda y Miguel Mancera señalaron por separado a este medio que están llevando a la mesa las preocupaciones de la sociedad, y que si bien Morena sólo requiere de una mayoría simple para sacar adelante las iniciativas, se está buscando construir un paquete legislativo de consenso.

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