Irregularidades de Javier Duarte no tienen precedente, involucran más de 30 mil mdp reconoce la ASF

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Alonso Urrutia/La Jornada

Ciudad de México, 17 Abr-17 (VRed/LaJornada).- Aunque aún falta auditar el último año de la administración de Javier Duarte en Veracruz, el saldo de irregularidades y sus derivaciones penales no tienen precedente en la fiscalización de los recursos que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El monto involucrado en presuntos malos manejos oscila en 30 mil millones de pesos. Con más de 50 denuncias presentadas por la ASF ante la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Duarte es, con mucho, el que más litigios penales enfrenta.

Prácticamente no hubo ningún rubro prioritario que no fuera afectado por los manejos inadecuados de las millonarias transferencias de recursos del gobierno federal: salud, educación, seguridad –en una entidad golpeada por la violencia y el crimen organizado–, infraestructura social y combate a la pobreza.

Un conjunto de irregularidades sin precedente, según definición de la propia ASF del manejo de recursos federales.

Por ejemplo, de acuerdo con reportes de la ASF, de la canalización de 521 millones de pesos al gobierno de Duarte mediante el Fondo de Desastres Nacionales (Fonden) para la rehabilitación de infraestructura afectada por las lluvias, tres años después no se sabía de su destino, a pesar de que las obras debieron concluir en diciembre de 2014 para atender los efectos de una emergencia.

Por ahora, en función del desfase de la revisión de la cuenta pública que tiene la ASF por los plazos que había antes de la reforma legal, sólo se han revisado las cuentas de 2011 a 2015, que corresponden a Duarte.

De esa revisión se desprende el crecimiento exponencial de las denuncias presentadas ante la PGR por la ASF: tres corresponden a la cuenta pública 2011, 18 a la de 2012, 11 a la de 2013 y hasta ahora tres a la de 2014.

A ello se suman otras 15 denuncias promovidas por la simulación de reintegro de recursos que hizo la administración de Duarte en este periodo. Al detectarse irregularidades, los involucrados aparentaron solventar las observaciones y transfirieron recursos de otros rubros a las cuentas identificadas por la ASF, pero una vez verificada la restitución, se retiró de nuevo el dinero, operación fraudulenta realizada de forma recurrente.

Las denuncias penales podrían crecer, pues de la cuenta pública 2015 la ASF detectó irregularidades en el manejo de recursos por un monto superior a 9 mil millones de pesos, pero que se encuentran dentro de los plazos del periodo de solventación.

Entre las denuncias penales ante la PGR que involucran un mayor volumen de recursos destacan una por mil 174 millones de pesos de una partida federal que debió haberse destinado al régimen estatal de protección social en salud, la cual no se concretó; en el mismo ámbito de salud, 648 millones de pesos de una aportación solidaria del gobierno federal que debió canalizarse al pago del personal del Seguro Popular, cuyo destino se desconoce; ambas son de 2013.

Por lo que hace a la educación, mil 774 millones de pesos que se dieron al gobierno veracruzano para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica fueron desviados, de forma irregular, para sufragar el pago de la nómina del magisterio.

En materia de seguridad, la ASF identificó en estos años desviaciones en las partidas destinadas para el fortalecimiento de la seguridad pública: tan sólo en la última cuenta, por una cifra cercana a 400 millones de pesos.

La manipulación de los fondos detectados por la ASF incluye 653 millones de pesos que pertenecían al Fondo de Aportaciones Múltiples y deberían transferirse al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad, de los cuales sólo se aplicó 5 por ciento. También, más de 400 millones de pesos que les fueron retenidos a los trabajadores estatales no fueron enterados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 2013.

Además, una partida de 463 millones de pesos debió destinarse a acciones de combate a la pobreza, pero fue desviada a fines ajenos a la política social.

 

 

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